El magistrado José Castro ha impuesto una fianza de responsabilidad cívica de 8. 189448. euros para el duque de Palma, Iñaki Urdangarín y su exsocio Diego Torres, por las posibles obligaciones pecuniarias que puedan declararse en su contra en la sección que investiga el desvío de presupuestos públicos al Instituto Nóos. El duque y su exsocio deberán pagar la cantidad de forma solidaria y en un intervalo de cinco días desde el aviso para librarse de la confiscación de sus pertenencias.
En un auto de más de 500 páginas Castro exhorta a los inculpados a divulgar si tienen antecedentes penales y, asimismo, avisa a la Comunidad Valenciana la eventualidad de adherirse a la reclamación de la fianza. El juez trabajaba en esta decisión desde finales de noviembre, en el tiempo que la Fiscalía Anticorrupción presentó su escrito por el que demandaba una fianza ciudadana de 8.189.448,44 euros para Urdangarín y Torres, con el fin de que se aseguraran las posibles obligaciones pecuniarias a las que tuvieran que enfrentarse en el caso de que fueran procesados. También se reclamaba que se manifestara la responsabilidad civil directa tanto del Instituto Nóos como de todas y cada una de las mercantiles propiedad o participadas por los unos y los otros a las que finalmente llegaba el dinero cobrado de forma incorrecta de las administraciones. El magistrado Castro ha hecho suyos estas disposiciones.
En esta iniciativa el titular del Tribunal de Instrucción número 3 de Palma rechaza las argumentaciones mostradas por el abogado de Urdangarín, Mario Pascual Vives, en las que defendía que las contrataciones practicadas por el Instituto Nóos fueron íntegramente aceptables y que, su representado no ocupaba más que una mera «función representativa» en la asociación con la que supuestamente se desviaron presupuestos públicos. El magistrado atiende la solicitud del Sindicato Manos Limpias y de la Fiscalía.
